Caso Morín: Declaración Base d'E-Cristians
Formulada por Josep Miró i Ardèvol
1. En un régimen democrático las leyes se legislan para ser cumplidas, y no para establecer una sistemática de vulneración. Cuando se actúa de esta manera toda la sociedad se somete a un proceso de degradación. En primer término los poderes públicos, gobiernos e instituciones que lo hacen posible, corporaciones profesionales que participan o miran hacia otro lado, medios de comunicación, que lo protegen y lo justifican, los líderes sociales y las principales entidades de la sociedad civil que consideran que tienen otras ocupaciones. Todo esto es lo que viene sucediendo en España, y de una manera especial en Cataluña, con el aborto. Siendo grave el problema, el cáncer que corroe la sociedad y las instituciones va mucho más allá por justificar el relativismo más absoluto ante la ley y su incumplimiento sistemático, y esto es el que lo hace peor, todo en último término por afán de ganar dinero, de hacer “negocio”.
2. Los escándalos de las clínicas del Doctor Morín, que la querella de e-cristians puso en el punto de mira de la justicia y que la actuación de la jueza del caso, la fiscal, y la Guardia Civil muestran en todo su alcance, es el espejo de un escándalo que se ha extendido por Europa, un espejo en el que todos deben contemplarse, para reconocer sus responsabilidades y evitar que hechos de esta clase continúen produciéndose ante la mayor impunidad.
3. Porqué, y éste es el motivo del escándalo internacional, una buena parte de los presuntos delitos que ha cometido el doctor Morín lo serían en toda Europa, empezando por países de extensa tradición abortista como Dinamarca. Matar nonatos que ya son plenamente viables fuera del seno de la madre, de seis, siete y hasta ocho meses es un delito horrible en cualquier parte de la Unión Europea. Crear un entramado organizativo de gran entidad para hacerlo, falsificar documentación, utilizar personas sin la titulación exigida, obligar a hacer los pagos en “dinero negro”, llevar dobles contabilidades. Todo esto es delito por todas partes. Lo es en la mayoría de países cuando el nonato llega a las 22 semanas. Cuando ahora algunos sectores reclaman libertad para abortar hasta las 12 semanas, deben saber que esta es la situación de los países de los que procedían las mujeres extranjeras que abortaban en las clínicas del doctor Morín. En otras palabras, lo que plantean no tiene nada que ver con el fondo del problema porque este es otro. No es un problema de plazos, ni de supuestos, sino de voluntad de no cumplir la ley por parte de todas las administraciones públicas y partidos políticos.
4. Y como el problema es de control, la cuestión previa estriba en garantizar el cumplimiento de la normativa y acabar con el actual sistema, en el que la administración promueve el aborto y la ilegalidad. Un aborto de más de 22 semanas no es ya médicamente un aborto porque se trata de un parto inmaduro. Se trata de un homicidio en el sentido más formal del término.
5. En contra de lo que algunas organizaciones, personas, y medios de comunicación afirman la legislación española es formalmente restrictiva porqué:
a . Considera el aborto un delito castigado en el Código Penal, y la jurisprudencia y la Constitución por otro lado protegen la vida del nonato.
b. Hay unos supuestos de despenalización muy concretos y bien conocidos: violación; malformación del feto y riesgo grave para la salud física o psíquica de la madre. No es cierto, por lo tanto, que se pueda abortar sin más a las 12 semanas (violación) o 22 semanas (malformación del feto), riesgo grave para la salud (sin plazo), sino que en cada caso debe quedar bien acreditada la causa que justifica el que el aborto no sea delito.
Portugal acordó modificar recientemente su ley sobre el aborto. La causa por la cual lo hizo era que con la legislación existente muy pocas mujeres podían abortar. Pues bien, la ley del país vecino era literalmente idéntica a la española. Es mucho más evidente el fraude generalizado de ley que se da en España con la complicidad de muchos. Porque este no es un problema de color político. Es cierto que el partido socialista y sus gobiernos dan una especial cobertura, con la entusiasta colaboración de IU/IC, y ERC, BNG, pero también lo es que el PP, CIU y el PNV, cuando han gobernando han hecho posible el mantenimiento del sistema.
6. Y en qué consiste el sistema institucional, que hace que a su cobijo se puedan construir grandes organizaciones?
a. La ley que regula las excepciones concretas con las cuales se puede abortar tiene una reglamentación migradísima por parte de las autoridades del gobierno español, como de las autonomías cuando fueron traspasadas las competencias.
b. Es tan exigua la regulación que en la gran mayoría de comunidades el único control que establecen es que las clínicas envíen una hoja indicando los abortos hechos y algunos detalles de carácter general. No existe ningún control previo, durante o de forma posterior al proceso que permita detectar irregularidades. La carencia es tan grave, que si en este ámbito se aplicara la normativa habitual en materia de talas forestales, dirigidas a controlar el número y situación de los árboles cortados, el número de abortos disminuiría en gran medida, porque la ilegalidad sería compleja. En España es más difícil cortar un árbol ilegalmente que cometer un aborto.
c. Esta ausencia de control no es una omisión sino que está hecha a propósito y es necesario relacionarla con el reducido número de hospitales públicos que practican abortos. Evidentemente la causa no es la objeción de conciencia. No hay ni de lejos tantos médicos con esta sensibilidad; ni tampoco porque tengan el negocio montado en la privada, porqué a la gran mayoría de ginecólogos les repugna el aborto si deben hacerlo ellos. Son las propias autoridades sanitarias, los consejeros de Sanidad o Salud, que tienen establecido el protocolo verbal de desviar a los centros privados todos los casos que acudan a la intervención pública y que no estén claramente tipificados. En la practica esto significa la casi totalidad de los que alegan enfermedad mental o, ni eso, simplemente el deseo de abortar. Esto explica la baja participación de los hospitales públicos en los abortos y el escaso número en términos relativos de casos por enfermedad mental de la madre cuando en las estadísticas sobre aborto estos significan más del 95% del total.
d. La derivación de los centros públicos a los privados es para protegerse de posibles repercusiones jurídicas por la ilegalidad del aborto. Pero como las clínicas privadas tienen costes, han establecido a la vez un sistema para subvencionar el negocio privado. Un caso único en la sanidad pública. Esta subvención se hace por dos procedimientos diferentes:
i. Mediante un acuerdo con una fundación privada –una por autonomía- que, con dinero público, subvenciona a las mujeres que quieran abortar. El Ministerio de Sanidad y las Consejerías de las CCAA son los agentes que financian. En el caso de Cataluña la fundación es “Salud y Familia”. No todas las CCAA disponen de una.
ii. La segunda vía es estableciendo convenios entre las CCAA y las clínicas abortivas. Estos convenios no son publicados en los respectivos diarios oficiales y, por lo tanto, son poco conocidos.
e. El sistema presenta, además y de manera deliberada, arbitrariedades manifiestas: la más importante, la de que los médicos psiquiatras que determinan el riesgo grave de salud para la madre están a sueldo de la propia clínica que hace el aborto, y sus dictámenes no están sometidos a ningún control ni de la administración ni del Colegio de Médicos. Hay casos de psiquiatras que han denunciado ante la sanidad pública a clínicas concretas porque los forzaban a dictaminar casos que no lo eran, el resultado de su denuncia ha sido cero. Ninguna actuación por parte de la administración ni de la justicia.
7. Se produce así una trágica paradoja: se destina dinero de la sanidad pública para estimular negocios privados que obtienen “per se” beneficios muy elevados, como pone de manifiesto el imperio empresarial construido sobre el aborto del doctor Morín. El aborto se convierte así en una figura privilegiada del mundo sanitario: aquello que no se hace en las prestaciones sanitarias obligatorias, se desvía a los centros privados para evitar riesgos o largas y angustiosas esperas, se hace con el aborto. Esta deformación es más grave cuando además la promueven partidos que como el PSOE, IU/IC, ERC, BNG, proclaman la necesidad de que todos los servicios sanitarios y escolares sean públicos. ¿Por qué todo debe ser público, pero el aborto ha sido privatizado al máximo? Porque esta es la garantía del fraude, sin que la sanidad pública se implique directamente.
8. El resultado de todo es la existencia de una verdadera política pública de fomento del aborto. Una característica que sólo se da en algunos países, como China, a causa de su crecimiento demográfico. Pero la situación española es la contraria. El problema más grave que tiene el bienestar y la prosperidad de nuestro país es la disminución de la natalidad. Este motivo será alrededor de 2020 el causante de la quiebra de la Seguridad Social, el responsable del empobrecimiento económico que han definido todos los institutos y organismos internacionales que han estudiado el problema. Ante esta perspectiva, ya ahora, los abortos representan uno de cada 5 nacimientos. Lo que el país necesita es exactamente una política contraria a la que se está aplicando.
9. El delito llama al delito. Se empieza con los abortos ilegales, se pasa al homicidio de los nonatos viables, y se culmina en testigos que por declarar piden ser protegidos por la justicia porque tienen miedo de su integridad física. Y entremedio: dinero negro, fraude fiscal, compra de conciencias, organización expansiva para delinquir, utilización sistemática de personal no capacitado profesionalmente para actuaciones médicas de riesgo. La muestra del delito crece y se ramifica. ¿Por qué los partidos como el PSOE, IU/IC, ERC, BNG, tan atentos a los delitos económicos, no tienen ningún interés sobre esta clase de delitos?
10. Un hecho particularmente grave del sistema es la ocultación a la mujer que quiere abortar del muy habitual efecto post-traumático. Ni las clínicas privadas ni, lo que es más grave, la administración pública, que tanto dinero se gasta en campañas inútiles, informan a las mujeres en general, o al menos a las que quieren abortar, del riesgo, de los graves efectos post-traumáticos que pueden tener sobre la salud psíquica, e incluso, física de la mujer que ha abortado. Los psiquiatras conocen y tratan a multitud de mujeres afectadas por duras secuelas que arrastran a lo largo de los años.
11. Hay toda una dimensión moral en la situación de nuestro país, escándalo de una Europa laica y abortiva, porque se ha llegado más lejos que nadie. Hay toda una cultura y una política oficial de trivialización de las relaciones sexuales y de trivialización del aborto, habiéndolo situado en régimen del mercado de la oferta y la demanda, donde ésta es incentivada por las propias autoridades y la oferta está subvencionada y sin ningún control. Más que cualquier otro servicio personal, hoteles, restaurantes, condiciones sanitarias de locales de pública concurrencia.
12. Al fin y al cabo tiene otro efecto. En realidad se desconocen el número real de abortos en España precisamente como consecuencia del fraude. El registro oficial de abortos no responde a las cifras reales porque una parte de los ilegales son ocultados. Lo único que se puede afirmar es que la superan. No son 90 mil los del último año... sino más.
13. Nuestra sociedad y sus instituciones han permitido que recién nacidos viables sean matados, descuartizados como animales puestos en una centrifugadora hasta convertirlos en una “papilla” lo suficientemente fina como para poderse evacuar por la cañería general del baño. Una sociedad que continúe aceptando esto tras tener conocimiento de la situación es profundamente inmoral y peligrosa para todos sus miembros porque rompe la línea sagrada que separa la humanidad del horror.
Publicado por E-Cristians el 04-12-2007
